Las clinicas abortistas, en huelga por las presiones y ataques
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La mayoría de las clínicas abortistas españolas comenzaron el martes una larga semana de huelga, alegando que la presión policial por los abortos ilegales en varios centros de Barcelona había desencadenado una persecución general.
Alrededor de 2.000 mujeres no podrán abortar esta semana después de que 31 clínicas privadas, que realizaron la mayoría de los 101.592 abortos que se hicieron en España en 2006, cerrasen sus puertas, excepto a los casos donde la salud de la madre esté en riesgo, dijo una portavoz de la asociación de clínicas abortistas ACAI.
A finales del pasado año la policía arrestó a 13 personas, muchas de ellas ginecólogos y anestesistas, en una serie de redadas contra las clínicas acusadas de realizar abortos ilegales, en algunos casos en avanzado estado de gestación.
La portavoz de ACAI Francisca García dijo que el Gobierno había aumentado drásticamente las inspecciones, particularmente desde las redadas, a pesar de que ninguno de los organismos miembros estaban implicados. El Ministerio de Sanidad ha ignorado hasta ahora las peticiones de negociación, dijo.
"Consideramos abusiva el número y la forma de hacerlas (las inspecciones)", dijo García, añadiendo que tantas inspecciones, hasta tres veces en algunas clínicas, violaban la privacidad de los pacientes y denigraban la profesionalidad de los trabajadores de estos centros.
España despenalizó el aborto en 1985, pero mientras el número de abortos se ha duplicado en la última década, su práctica sigue provocando mucha polémica entre los sectores más conservadores.
Aunque sólo está permitido en ciertos casos, por ejemplo hasta las 12 semanas para la mujeres víctimas de una violación o hasta las 22 semanas si el feto trae una malformación, en la realidad el aborto por motivos psicológicos abre bastante el abanico.
Uno de los detenidos fue el médico peruano Carlos Morin, que fue cazado en un programa de televisión en el que apareció ofreciendo un aborto a un encubierta periodista danesa que estaba embarazada de ocho meses a cambio de 4.000 euros.
Los hallazgos de la policía provocaron la indignación en los medios conservadores, y el diario ABC informó de cómo la policía halló restos de ADN de fetos en los desagües tras ser previamente triturados.
En el otro lado, algunos miembros del PSOE dijeron que las leyes del aborto deberían liberalizarse más. Pero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se enfrenta a unas elecciones generales muy reñidas en marzo, rechazó esta posibilidad.
"Consideramos abusiva el número y la forma de hacerlas (las inspecciones)", dijo García, añadiendo que tantas inspecciones, hasta tres veces en algunas clínicas, violaban la privacidad de los pacientes y denigraban la profesionalidad de los trabajadores de estos centros.
España despenalizó el aborto en 1985, pero mientras el número de abortos se ha duplicado en la última década, su práctica sigue provocando mucha polémica entre los sectores más conservadores.
Aunque sólo está permitido en ciertos casos, por ejemplo hasta las 12 semanas para la mujeres víctimas de una violación o hasta las 22 semanas si el feto trae una malformación, en la realidad el aborto por motivos psicológicos abre bastante el abanico.
Uno de los detenidos fue el médico peruano Carlos Morin, que fue cazado en un programa de televisión en el que apareció ofreciendo un aborto a un encubierta periodista danesa que estaba embarazada de ocho meses a cambio de 4.000 euros.
Los hallazgos de la policía provocaron la indignación en los medios conservadores, y el diario ABC informó de cómo la policía halló restos de ADN de fetos en los desagües tras ser previamente triturados.
En el otro lado, algunos miembros del PSOE dijeron que las leyes del aborto deberían liberalizarse más. Pero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se enfrenta a unas elecciones generales muy reñidas en marzo, rechazó esta posibilidad.
El mes pasado las ventanas de una clínica en Madrid fue atacada por agresores enmascarados y empleados de estos centros en toda España han denunciado haber recibido amenazas, dijo García.
"Después de 22 años de ejercer este derecho se empieza a crear una sombra de sospecha de nuestra profesionalidad", dijo.
Reuters
"Después de 22 años de ejercer este derecho se empieza a crear una sombra de sospecha de nuestra profesionalidad", dijo.
Reuters
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