Publicado en Casoabierto · Ficha criminal · España, 2003

A las siete y media de la mañana del 24 de enero de 2003, Juan Francisco Ledesma esperaba el autobús en la calle Alonso Cano de Madrid, en el barrio de Chamberí. Tenía 28 años, trabajaba en una empresa de seguridad privada y aquel viernes salía del turno de noche. Un hombre joven, de complexión normal y mirada apagada, se acercó a la marquesina, sacó una pistola Tokarev TT-33 de fabricación checa y le disparó dos veces a quemarropa. No medió palabra, no hubo discusión previa, no había historia entre ellos. Juan Francisco murió en el acto sobre la acera.

Los agentes que llegaron a la escena registraron lo que parecía un ajuste de cuentas o un atraco fallido. No había firma. No había mensaje. No había nada que sugiriera que aquel disparo era el primero de una serie que mantendría a la Comunidad de Madrid en vilo durante casi dos meses, y que cambiaría la conversación pública española sobre la salud mental de los militares que regresan de misiones internacionales.

A partir de aquella mañana, y durante los cincuenta y tres días siguientes, un exmilitar de 26 años llamado Alfredo Galán Sotillo -veterano de la operación española en Bosnia, en tratamiento intermitente por trastornos psicóticos no diagnosticados oficialmente, residente en Puertollano (Ciudad Real)- recorrería paradas de autobús, estaciones de cercanías y portales de la periferia madrileña disparando a personas que no conocía. Seis morirían. Tres sobrevivirían con secuelas. Y en algunas de las escenas, dejaría una carta de la baraja española sobre el cuerpo o cerca de él.

Cuando todo terminó, no lo detuvo la policía. Se entregó él mismo.

EL HOMBRE QUE VOLVIÓ DE BOSNIA

Alfredo Galán Sotillo nació en Puertollano el 27 de marzo de 1976, en una familia obrera vinculada al complejo industrial petroquímico de la ciudad. Estudió hasta finalizar la EGB sin destacar, se alistó en el Ejército de Tierra a los 18 años y, en 1996, fue desplegado en Mostar (Bosnia-Herzegovina) como integrante del contingente español de la SFOR, la fuerza multinacional de estabilización desplegada por la OTAN tras los acuerdos de Dayton.

Su paso por Bosnia, según el material recogido posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid en el sumario del caso, no incluyó combate directo. Sí incluyó exposición sostenida a fosas comunes, recuperación de cadáveres y patrullas en zonas marcadas por la limpieza étnica reciente. A su regreso a España, en 1997, Galán llevaba consigo una pistola Tokarev TT-33 sustraída a un sospechoso bosnio durante un registro. Esa arma -de origen soviético, calibre 7,62 Tokarev, fabricación checoslovaca posterior a 1953- sería la misma que utilizaría seis años después en Madrid.

Tras su licenciamiento, Galán intentó retomar la vida civil en Puertollano. No lo consiguió. Entre 1998 y 2002 fue ingresado en varias ocasiones por episodios psicóticos, consumo abusivo de alcohol y conductas autolesivas. Recibió diagnósticos provisionales de esquizofrenia paranoide y trastorno límite de la personalidad, ninguno de ellos sostenido en un seguimiento clínico estable. El sistema lo perdió de vista repetidamente. La pistola, guardada en su domicilio, no la perdió de vista nadie porque nadie sabía que existía.

En enero de 2003, Galán cogió un autobús desde Puertollano hacia Madrid con la Tokarev en una bolsa de deporte.

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LAS PRIMERAS SEMANAS: DISPAROS SIN FIRMA

Tras el asesinato de Juan Francisco Ledesma el 24 de enero, transcurrieron diez días sin que la policía pudiera vincular el caso a nada. El segundo ataque tuvo lugar el 3 de febrero de 2003 en Tres Cantos, al norte de la capital. Una mujer de nacionalidad sueca llamada Birgitta Bergling, de 53 años, fue tiroteada al salir del portal de su domicilio. Le impactó un disparo en la cabeza. Sobrevivió tras una intervención quirúrgica de urgencia, pero quedó con secuelas neurológicas graves y nunca pudo aportar una descripción útil del agresor.

Los proyectiles recuperados en ambas escenas -Alonso Cano y Tres Cantos- fueron analizados por la Comisaría General de Policía Científica. La conclusión inicial fue clara: misma arma, mismo calibre 7,62 Tokarev, una munición poco habitual en la criminalidad común española. Ese dato pasó al sumario, pero todavía no salió a la prensa.

El 7 de febrero, cuatro días después del ataque a Birgitta, ocurrió la escena que dio nombre al caso. En la estación de cercanías de Rivas-Vaciamadrid, al sureste de Madrid, Galán abrió fuego contra dos empleados de la limpieza ferroviaria que salían de su turno. Eduardo Salas Sánchez, 28 años, y Anahid Castillo Ruiz, 41 años, ecuatoriana, madre de tres hijos, murieron en el andén. Junto al cuerpo de uno de ellos, los agentes de la Guardia Civil encontraron una carta de la baraja española: el as de copas.

El detalle del naipe, filtrado a los medios en cuestión de horas, lo cambió todo.

LO QUE EL APODO OCULTA

Aquí conviene detenerse. En Casoabierto, como hicimos con BTK, no usamos como titular el apodo de tres palabras con el que la prensa española bautizó a Alfredo Galán en febrero de 2003. “El asesino de la baraja” es una etiqueta que convirtió un acto inexplicable en un relato consumible, y que, en los días siguientes a Rivas-Vaciamadrid, alimentó una espiral mediática que el propio Galán confesaría más tarde haber seguido en directo desde un televisor de Puertollano.

La carta sobre el cuerpo, según declararía él mismo durante el juicio, no fue un mensaje deliberado en el primer asesinato. En Alonso Cano no la dejó. En Tres Cantos tampoco. La idea del naipe surgió después, ya en Rivas-Vaciamadrid, y se consolidó cuando vio que los telediarios la repetían. Lo que empezó como un gesto improvisado se convirtió, gracias a la cobertura, en un patrón. La firma no precedió al apodo: el apodo creó la firma.

Los nombres que conviene recordar son otros: Juan Francisco Ledesma, vigilante de seguridad. Birgitta Bergling, que tardó años en volver a caminar sin ayuda. Eduardo Salas y Anahid Castillo, limpiadores nocturnos en Rivas. Y los que vendrían después.

FEBRERO Y MARZO: EL MIEDO COMO RUTINA URBANA

El 14 de febrero de 2003, una semana después de Rivas, Galán disparó en Alcalá de Henares contra una pareja en otra parada de autobús. Resultaron heridos de gravedad, pero ambos sobrevivieron. No se encontró naipe en la escena. La conexión balística sí: misma Tokarev.

El 18 de marzo, tras un mes en el que la presencia policial en transporte público se había multiplicado y los titulares de los diarios madrileños hablaban a diario del caso, ocurrió el último ataque. En una marquesina de Alcalá de Henares, cerca de la estación de tren, George Lupu, rumano de 28 años, y su pareja Doina Magdalena Zanca, de 25, esperaban el autobús después de salir del trabajo. Galán les disparó a ambos. Murieron en el lugar. Junto a sus cuerpos apareció la quinta carta de la baraja: el as de bastos.

Madrid llevaba dos meses con paradas vacías al anochecer, comisarías colapsadas por llamadas sobre hombres con bolsas sospechosas y madres telefoneando a sus hijos para preguntar a qué hora pensaban volver. La investigación, dirigida por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid en coordinación con la Guardia Civil, tenía ya un perfil aproximado: varón joven, español, posiblemente con formación militar dado el manejo del arma y la rapidez del modo operativo. No tenía nombre.

LA ENTREGA: 3 DE JULIO DE 2003

Lo que sucedió a continuación es una de las resoluciones más inesperadas de la crónica criminal española reciente. El 3 de julio de 2003, tres meses y medio después del último ataque, Alfredo Galán Sotillo entró por su propio pie en la comisaría de Puertollano, en su ciudad natal, y se presentó ante el oficial de guardia como el responsable de los asesinatos de Madrid.

Llevaba consigo, en una bolsa, la pistola Tokarev TT-33 y munición restante. Habló durante horas. Describió escenas que solo el autor podía conocer. Aportó la marca y el modelo del arma antes de que se le preguntara. Identificó la procedencia bosnia. Detalló las cartas de la baraja, dónde las había comprado y por qué empezó a dejarlas. Después de tres meses sin disparar, había llegado a un punto en el que, según declaró posteriormente, “no podía dormir”.

Durante las semanas siguientes, sin embargo, su versión empezó a quebrarse. Galán se retractó parcialmente. Afirmó que él no era el único autor, sugirió la existencia de un cómplice, identificó a terceras personas que pudo conocer en Bosnia o en Puertollano. Después volvió a confesar. Después se retractó otra vez. Las pruebas balísticas, los testimonios de testigos -dos supervivientes lo identificaron en rueda de reconocimiento- y la propia arma cerraron el caso al margen de sus contradicciones.

EL JUICIO: 2005

El juicio contra Alfredo Galán Sotillo se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid entre marzo y abril de 2005. La Fiscalía solicitó 696 años de prisión. Los peritos psiquiátricos discreparon entre sí: una parte sostuvo que Galán presentaba un trastorno esquizoide con brotes psicóticos que afectaban parcialmente su capacidad volitiva; otra parte concluyó que era plenamente imputable. El tribunal optó por una posición intermedia: aceptó la atenuante de alteración psíquica, pero descartó la eximente completa.

La sentencia, dictada en mayo de 2005, lo condenó a 142 años, 8 meses y 1 día de prisión por seis asesinatos consumados, tres asesinatos en grado de tentativa y diversos delitos de tenencia ilícita de armas y munición de guerra. Por aplicación del Código Penal entonces vigente, el cumplimiento efectivo máximo quedó fijado en 25 años.

Galán cumple condena, a fecha de redacción de esta ficha, en un centro penitenciario español. No ha vuelto a hablar públicamente del caso desde 2007.

LO QUE CAMBIÓ EL CASO

El expediente Galán Sotillo dejó tres efectos visibles en la conversación pública e institucional española de la década siguiente:

Sobre la salud mental de los veteranos. El caso abrió por primera vez en España un debate sostenido sobre el seguimiento psicológico de los militares que regresan de misiones internacionales, especialmente de los Balcanes. Los protocolos de seguimiento post-misión se reforzaron a partir de 2006, aunque la propia auditoría del Ministerio de Defensa reconocería en 2012 que el dispositivo seguía siendo insuficiente.

Sobre el control de armas procedentes de zonas de conflicto. La Tokarev de Galán entró en España en 1997 dentro del equipaje personal de un militar sin que ningún protocolo de aduanas la detectara. Tras el caso, los procedimientos de revisión del material personal de los contingentes que regresan de operaciones exteriores se endurecieron, sin que ello suponga, todavía hoy, una garantía absoluta.

Sobre el tratamiento mediático del crimen. El propio Galán declaró en sede judicial que la cobertura televisiva del caso, especialmente tras la aparición de la primera carta de la baraja, contribuyó a fijar y repetir el patrón. La autocrítica posterior dentro de algunos medios españoles -limitada, fragmentaria, pero existente- estableció un precedente que sería invocado años después en otros casos con apodo mediático fuerte.

LOS NOMBRES

Hay un detalle final que conviene dejar registrado. Cuando alguien busca hoy “asesino de la baraja” en cualquier buscador en español, los primeros resultados son fotografías de cartas de naipes, retratos del agresor y mapas de Madrid con puntos rojos sobre paradas de autobús. Los nombres de las víctimas aparecen muy abajo, si aparecen.

Por eso terminamos así.

Juan Francisco Ledesma. 28 años. Vigilante de seguridad. Volvía a casa después de un turno de noche.

Birgitta Bergling. 53 años. Sueca. Sobrevivió.

Eduardo Salas Sánchez. 28 años. Limpiador ferroviario.

Anahid Castillo Ruiz. 41 años. Ecuatoriana. Madre de tres hijos. Limpiadora ferroviaria.

La pareja de Alcalá del 14 de febrero, herida de gravedad, que ha pedido no aparecer públicamente.

George Lupu. 28 años. Rumano.

Doina Magdalena Zanca. 25 años. Rumana. Pareja de George.

Y los heridos sin nombre público que cargan, veintidós años después, con cicatrices físicas y con cicatrices que no se ven.

Solo casos abiertos, y casos pendientes.

🎙️ Ya disponible el cuarto episodio: Alfredo Galán Sotillo, el asesino que firmaba con naipes

Escucha el Podcast

Fuentes principales: Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimoséptima, causa contra Alfredo Galán Sotillo (2005); sumario del Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid; informes periciales balísticos de la Comisaría General de Policía Científica; informes psiquiátricos forenses incluidos en el sumario; archivo del caso en El País, El Mundo y ABC (enero-julio de 2003 y marzo-mayo de 2005); Manuel Marlasca y Luis Rendueles, Una historia del crimen en España (Temas de Hoy, 2009); archivo del Ministerio de Defensa sobre el contingente SFOR español en Bosnia-Herzegovina (1996-1997).

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Publicado en Casoabierto · Ficha criminal · Estados Unidos, 1974-2005

A las 12:15 del mediodía del 16 de septiembre de 1986, Bill Wegerle, encargado autónomo de mantenimiento de apartamentos en Wichita (Kansas), llegó a su casa de West 13th Street para comer con su mujer. Encontró el coche familiar -un Monte Carlo dorado de 1978- desaparecido del garaje, y a su esposa Vicki, de 28 años, atada de pies y manos en el dormitorio. No respiraba. Su hijo Brandon, de dos años, estaba en su cuna sin daños aparentes. La hija mayor, de diez, seguía en clase en el colegio OK Elementary.

Vicki Wegerle fue declarada muerta a su llegada al hospital Riverside. La autopsia identificó tejido humano bajo sus uñas: había luchado, y había marcado a su agresor.

A partir de ese mediodía, y durante los dieciocho años siguientes, una parte significativa del Departamento de Policía de Wichita consideró al propio Bill Wegerle el principal sospechoso del asesinato de su mujer.

Solo en 2005, cuando Bill llevaba casi dos décadas criando solo a sus dos hijos bajo una sospecha que nunca se materializó en una acusación pero que tampoco se disipó, se confirmó la identidad del responsable: un vecino de Park City llamado Dennis Lynn Rader, funcionario municipal, jefe de scouts, padre de dos hijos y presidente del consejo de gobierno de su iglesia luterana. El mismo hombre que, entre 1974 y 1991, había matado al menos a diez personas en Kansas y había firmado sus comunicaciones a la policía y a la prensa con tres letras: BTK -Bind, Torture, Kill, “atar, torturar, matar”-.

Esta es su historia. Y la de las personas a quienes asesinó.

Una mañana de martes en West Wichita

Vicki Wegerle era ama de casa y voluntaria como cuidadora de bebés en dos parroquias de Wichita, la luterana de St. Andrews y la metodista Asbury United. Tocaba el piano. La mañana del 16 de septiembre dejó a su hija mayor en el colegio y volvió a casa con Brandon.

A media mañana, un hombre con casco y un manual de la compañía Southwest Bell llamó a la puerta de una casa vecina diciéndose técnico de la línea telefónica. La vecina, suspicaz, no le abrió. El hombre se acercó entonces al número 2404 de West 13th Street y repitió la misma historia. Vicki, que tenía abierta la línea telefónica del comedor, lo dejó pasar y le señaló el aparato.

El falso técnico fingió revisar el cable durante unos minutos. Después sacó un arma y la condujo al dormitorio. La ató.

Vicki se soltó. Forcejeó. Le arañó la cara con la fuerza suficiente como para dejar tejido bajo sus uñas. Los perros de la familia, en el jardín trasero, empezaron a ladrar al captar el ruido por las ventanas abiertas; una vecina los oyó. El agresor, alarmado por los perros y consciente de que el marido podía volver a casa a comer en cualquier momento, aceleró el ataque. Estranguló a Vicki. Le hizo varias fotografías con una cámara Polaroid. Se llevó las llaves del Monte Carlo y huyó.

En la huida, cruzó en sentido contrario con el coche de Bill Wegerle, que regresaba a comer. Aparcó el Monte Carlo en el parking de una tienda dos manzanas más allá, en el 1300 de North Edwards, donde la policía lo localizaría a las 12:10 de la tarde. Volvió andando a por su propio coche. Al alejarse del barrio, vio ya las luces del SAMU acercándose a la calle de los Wegerle.

Cuando los familiares registraron la casa, faltaba un solo objeto: el carné de conducir de Vicki.

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Dieciocho años de sospecha

En 1986, el análisis de ADN aún no era una herramienta forense de uso ordinario. El tejido bajo las uñas de Vicki Wegerle se conservó como prueba, pero no había modo de cotejarlo con nadie. Sin esa pieza, no había forma de excluir al marido.

La sospecha se instaló sobre Bill por una combinación de factores: era la persona que había encontrado el cuerpo, había estado en la carretera a la hora del crimen, no tenía coartada limpia y, sobre todo, encajaba con la presunción operativa que rige -todavía hoy, aunque cada vez con más cautela- buena parte de la investigación criminal: cuando una mujer aparece asesinada en su casa, la primera línea de hipótesis apunta al cónyuge.

Algunos detectives de Wichita planteaban en privado que el modus operandi -ruse de acceso, atadura, estrangulamiento- recordaba demasiado a otra serie de crímenes que la ciudad arrastraba sin resolver desde la década anterior. Pero esa hipótesis no se formalizó nunca. Y Bill Wegerle nunca llegó a ser detenido ni acusado. Simplemente, durante dieciocho años, vivió bajo una nube. Amigos que se alejaron. Vecinos que cambiaban de acera. Una hija que creció escuchando rumores sobre su padre. Un hijo, Brandon, que pasó de los dos a los veinte años sin saber con certeza cómo había muerto su madre ni por qué algunas personas miraban a su padre de aquella manera.

Diez años antes: el inicio del caso BTK

Para entender lo que estaba ocurriendo, hay que retroceder.

La mañana del 15 de enero de 1974, en una casa del 800 de North Edgemoor, en Wichita, se encontraron muertos a cuatro miembros de la familia Otero. Joseph Otero, 38 años, mecánico de aviación y veterano de la Fuerza Aérea. Su esposa Julie, 33. Su hijo Joseph II, de 9. Su hija Josephine, de 11. Estrangulados o asfixiados en su propia casa. Tres hijos más, ese día en el colegio, sobrevivieron.

Tres meses más tarde, el 4 de abril, fue atacada Kathryn Bright, de 21, en su domicilio. Su hermano Kevin, que estaba de visita, fue baleado dos veces y, sin embargo, sobrevivió para describir al agresor. Kathryn no.

Después, casi tres años de silencio.

El 17 de marzo de 1977, Shirley Vian, 24, fue estrangulada en su casa. Sus tres hijos fueron encerrados por el atacante en el cuarto de baño antes del ataque y sobrevivieron. El 8 de diciembre de ese mismo año cayó Nancy Fox, 25, en su apartamento. El asesino llamó desde una cabina pública para indicar a la policía dónde encontrar el cuerpo.

En enero de 1978 apareció un poema anónimo en los anuncios por palabras del Wichita Eagle que describía detalles del asesinato de Vian que solo el responsable podía conocer. Un mes después, una carta dirigida a la policía reclamaba la autoría de los siete crímenes y proponía una marca: BTK, atar, torturar, matar. El autor exigía atención mediática y se comparaba con asesinos en serie ya célebres. Una pregunta de aquella carta resumía toda su lógica: ¿A cuántos tengo que matar para que mi nombre aparezca en los periódicos?

La última comunicación de esa primera etapa llegó en junio de 1979. Después, BTK desapareció. Durante los siguientes veinticinco años, el caso fue degradándose en el organigrama del Departamento de Policía de Wichita hasta quedar reducido a un expediente frío.

El silencio de 1979 y los crímenes invisibles

Lo que nadie sabía es que BTK no había dejado de matar. Solo había dejado de escribir.

• 27 de abril de 1985: Marine Hedge, 53, vecina de Dennis Rader en Park City. Estrangulada. Su cuerpo apareció en una zona rural del condado de Sedgwick.

• 16 de septiembre de 1986: Vicki Wegerle.

• 19 de enero de 1991: Dolores Davis, 62, también vecina del área de Park City. Estrangulada en su casa; su cuerpo, abandonado bajo un puente.

Ninguno de estos tres asesinatos se vinculó con BTK en su momento. Hedge fue sospechada por algunos investigadores, pero la conexión no se formalizó. Wegerle quedó en la órbita del marido. Davis, como expediente independiente.

Trece años después del último, BTK era para la mayoría de Wichita un capítulo cerrado.

Marzo de 2004: el regreso de la firma

En marzo de 2004, el Wichita Eagle recibió una carta firmada por un tal “Bill Thomas Killman” -iniciales BTK-. Contenía tres fotografías Polaroid del cuerpo de Vicki Wegerle y una fotocopia del carné de conducir que había desaparecido de la casa el día del crimen. Información que solo podía estar en manos del asesino.

La policía de Wichita reabrió el caso bajo la dirección del teniente Kenneth Landwehr. Durante los once meses siguientes, BTK envió más de una docena de comunicaciones a medios y a la policía: juegos de palabras, objetos vinculados a los crímenes antiguos, fotocopias, dibujos. Estaba claro que quería atención y que la negociaba en pequeñas dosis, midiendo la respuesta.

En paralelo, los agentes recogieron y compararon centenares de muestras de ADN masculino con el tejido conservado bajo las uñas de Vicki Wegerle desde 1986 -la única huella biológica del agresor que había sobrevivido al paso del tiempo-.

Ninguna coincidió.

16 de febrero de 2005: el disquete

A mediados de febrero de 2005, BTK preguntó a la policía, en una de sus comunicaciones cifradas, si un disquete de ordenador podía rastrearse. La policía respondió, mediante un anuncio codificado en el Wichita Eagle, que no. Era mentira.

El 16 de febrero, la cadena KSAS-TV de Wichita recibió un paquete que contenía un disquete Memorex de 1,44 MB de color púrpura. Los técnicos forenses del Departamento de Policía recuperaron los metadatos de un documento de Word borrado del disco. Aquellos metadatos contenían dos campos decisivos:

• Autor: “Dennis”

• Última modificación realizada en: “Christ Lutheran Church”

Una búsqueda en internet de los técnicos identificó al instante al presidente del consejo de gobierno de la iglesia luterana de Christ Lutheran, en Park City: Dennis Rader, 59 años, funcionario municipal de control de animales y de ordenanzas, casado, dos hijos adultos.

Los investigadores obtuvieron de forma reservada una muestra de ADN procedente de una citología que la hija de Rader, Kerri, se había realizado años atrás en el centro médico de la Universidad Estatal de Kansas. La comparación familiar con el tejido conservado desde 1986 fue concluyente.

El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue detenido cuando salía en coche de su casa de Park City.

Quién resultó ser Dennis Rader

Dennis Lynn Rader había nacido el 9 de marzo de 1945 en Pittsburg, Kansas. Cuatro años en la Fuerza Aérea. Casado desde 1971. Dos hijos.

Entre 1974 y 1988 trabajó como técnico instalador para ADT Security Services en Wichita -es decir, justo durante toda la primera etapa de los crímenes y durante el ataque a Vicki Wegerle-. Su empleo le daba acceso natural al tipo de información doméstica (ubicación de cerraduras, hábitos horarios, vulnerabilidades de acceso) que su modus operandi requería. Tras dejar ADT pasó por una planta de Cessna y, desde 1991, ejerció de compliance officer del municipio de Park City: el funcionario que llama a la puerta para advertir de un perro suelto, de un seto sin podar o de una valla que invade el espacio público.

Era jefe de tropa de Cub Scouts. Era presidente del consejo de gobierno de su iglesia. Era, en cualquier evaluación externa, un ciudadano modelo.

El día del ataque a Vicki Wegerle, su rutina laboral le había hecho pasar tantas veces por aquel barrio que ya conocía los hábitos de la familia. Había escuchado a Vicki tocar el piano durante alguno de sus rondeos previos. La presión del tiempo -los ladridos, la posibilidad de que el marido volviera- le hizo perder el control de la escena. Esa pérdida de control, materializada en los arañazos que Vicki le dejó en la cara, fue el motivo por el que el caso pudo resolverse dieciocho años más tarde.

La declaración de culpabilidad

El 27 de junio de 2005, día previsto para el inicio del juicio, Rader cambió su declaración y se reconoció culpable de los diez cargos de asesinato en primer grado por los que estaba acusado: los cuatro Otero, Kathryn Bright, Shirley Vian, Nancy Fox, Vicki Wegerle, Marine Hedge y Dolores Davis.

En su alegato de culpabilidad describió ante el tribunal, uno por uno, cada uno de los diez homicidios. Lo hizo con una distancia clínica que dejó perpleja a la sala. Se refirió a sus crímenes como “proyectos” y comunicó al tribunal su intención de dejar tras de sí material escrito para que los investigadores académicos pudieran estudiarlo en el futuro.

El 18 de agosto de 2005, el juez del distrito del condado de Sedgwick lo sentenció a diez cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional antes de los 175 años. Kansas no tenía pena de muerte vigente durante el periodo en el que se cometieron los asesinatos, lo que excluía la sentencia capital. Rader cumple condena en el centro penitenciario de El Dorado, en Kansas.

Dieciocho años de Bill Wegerle

La condena formal a Rader no exonera técnicamente a Bill Wegerle, porque Bill nunca llegó a estar acusado. Lo que cambió en 2005 fue, sencillamente, que la pregunta dejó de hacerse.

No hay forma de calcular el coste de esos dieciocho años. Bill crió solo a sus dos hijos en una ciudad en la que algunas personas cambiaban de acera al verlo. Pidió disculpas a sus hijos durante años por no poder demostrarles algo que él sabía con absoluta certeza. La rehabilitación no llegó por la vía judicial -no había nada que rehabilitar-, sino por la vía mediática: la fotografía de Dennis Rader en la portada del Wichita Eagle, el 26 de febrero de 2005, fue la primera prueba pública de que Bill Wegerle nunca había tenido nada que ver con la muerte de su mujer.

El caso es, por eso, un ejemplo de manual en los cursos contemporáneos de investigación criminal: muestra con una claridad inusual cómo una tecnología forense que aún no existía (el perfilado de ADN en 1986) y una presunción de proximidad demasiado cómoda (”casi siempre es el marido”) pueden mantener bajo sospecha al hombre equivocado durante casi dos décadas mientras el verdadero responsable continúa matando.

Por qué el caso sigue importando

Dennis Rader fue identificado por dos elementos de prueba que no existían cuando empezó a matar: el cotejo de un fragmento de tejido conservado durante dieciocho años, y los metadatos de un documento borrado de un disquete de 1,44 MB que él mismo entregó convencido de que era seguro.

Eso convierte el caso en un compendio de la criminología contemporánea:

Sobre el valor de la preservación forense: la muestra que en 1986 se catalogó sin saber muy bien para qué se convirtió, dos décadas más tarde, en la pieza decisiva. Sobre el peligro de la sospecha por proximidad: la doctrina actual exige -en parte como respuesta a casos como éste- mucha más cautela antes de instalar una hipótesis de cabecera sin prueba directa. Sobre la vida doble: el perfil cívico de Rader, presidente del consejo parroquial y jefe de scouts, recordó en términos brutales que el retrato exterior de un asesino en serie puede coincidir punto por punto con el de un ciudadano modelo. Y sobre los archivos que no se cierran: la lógica que cerró el caso Wegerle en 2005 es la misma que, en abril de 2026, permitió cerrar el caso Laura Aime dentro del expediente Bundy. En criminología contemporánea, ningún caso bien preservado está definitivamente perdido.

Por eso, en Casoabierto, no usamos como titular el apodo de tres letras con el que Dennis Rader firmaba sus comunicaciones. Ese apodo era una marca que él mismo construyó, y darle protagonismo equivale a aceptar la negociación de visibilidad que él mismo proponía en sus cartas.

Los nombres que conviene recordar son otros: Joseph y Julie Otero. Joseph II, nueve años. Josephine, once. Kathryn Bright. Shirley Vian. Nancy Fox. Vicki Wegerle. Marine Hedge. Dolores Davis.

Y también Bill Wegerle, que pasó dieciocho años pagando, en silencio, por algo que nunca hizo.

🎙️ Ya disponible el tercer episodio: Dennis Rader, el asesino que firmaba como BTK

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Fuentes principales: State of Kansas v. Dennis L. Rader, sumario y allocución (Tribunal del Distrito del Condado de Sedgwick, junio-agosto de 2005); archivo del BTK Task Force, Departamento de Policía de Wichita; expedientes de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI; archivo BTK del Wichita Eagle; Stephen Singular, Unholy Messenger: The Life and Crimes of the BTK Serial Killer (2006); Robert Beattie, Nightmare in Wichita: The Hunt for the BTK Strangler (2005).

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- Javier

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La mañana del 31 de agosto de 1985, un grupo de vecinos del barrio mexicano-americano de East Los Ángeles persiguió a un hombre delgado, con la dentadura podrida y los ojos hundidos, golpeándolo a puñetazos y con un trozo de barra de hierro. El hombre acababa de intentar robar un coche para escapar y suplicaba que alguien llamara a la policía. Lo que pedía, irónicamente, era ser detenido por los mismos agentes que llevaban casi un año dándole caza. Esa misma mañana los diarios habían publicado en portada la foto policial de Richard Ramirez. Sus propios vecinos lo habían reconocido en el quiosco.

Cuarenta años después de aquella imagen -probablemente la escena de justicia popular más célebre de la historia criminal estadounidense reciente-, el caso de Richard Leyva Ramírez, alias el “Night Stalker”, sigue siendo uno de los más estudiados en criminología por la combinación de tres factores: una violencia inusualmente extrema, un componente ocultista deliberado, y un final marcado por el frenesí mediático y la justicia improvisada de un barrio.

Esta es su historia.

El primo Mike y las polaroids de Vietnam

Ricardo Leyva Ramírez nació el 28 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Era el menor de siete hermanos de una familia católica mexicano-americana; su padre, trabajador del ferrocarril, era hombre severo y de mal carácter. La biografía clínica de Ramírez incluye varios golpes en la cabeza durante la infancia -uno por una cómoda que le cayó encima, otro tras un accidente con un columpio- que algunos especialistas asociaron más tarde con la epilepsia del lóbulo temporal que se le diagnosticó en la adolescencia.

Pero el verdadero punto de inflexión no fue médico, sino familiar. A los doce años, Richard quedó bajo la órbita de su primo Mike, un veterano de las Fuerzas Especiales recién regresado de Vietnam. Mike fascinaba al chico con relatos detallados de torturas y mutilaciones cometidas contra mujeres vietnamitas durante la guerra, y los acompañaba con polaroids que conservaba como trofeos. Fumaban marihuana juntos. Mike le hablaba de poder, de impunidad, de placer a través del control absoluto sobre otro ser humano.

En 1973, con Ricardo presente en la habitación, Mike disparó y mató a su propia esposa, Jessie, durante una discusión. Tenía trece años cuando vio aquello. Fue, según sus propias confesiones posteriores, el momento en el que algo se rompió definitivamente.

A partir de entonces, la trayectoria de Ramírez se torció con rapidez: detenciones por pequeños hurtos en 1977, sentencia de libertad condicional por posesión de marihuana en 1982, traslado a San Francisco y después a Los Ángeles, adicción a la cocaína, robos en domicilios y un creciente interés por las armas y por el satanismo -especialmente por la figura de Anton LaVey y por el simbolismo invertido del pentagrama. Cuando salió de la cárcel en abril de 1984, tras una condena por robo de coche, Ramírez tenía 24 años, una higiene desastrosa, una dentadura prácticamente arruinada por el dulce y la cocaína, ninguna perspectiva laboral y una idea bastante precisa de lo que quería hacer.

El comienzo del horror: junio de 1984

La primera víctima conocida fue Jennie Vincow, una mujer de 79 años. La noche del 28 de junio de 1984, Ramírez entró por una ventana abierta de su apartamento en Glassell Park, Los Ángeles. La agredió sexualmente y la apuñaló hasta degollarla. Fue un crimen de extraordinaria brutalidad y, durante meses, un caso aislado.

El segundo ataque no llegaría hasta nueve meses después.

La oleada: marzo-agosto de 1985

17 de marzo de 1985. Ramírez tendió una emboscada a María Hernández en el aparcamiento de su edificio en Rosemead. Le disparó a la cara, pero la bala impactó contra las llaves del coche que la mujer levantaba instintivamente y rebotó. Hernández sobrevivió fingiéndose muerta. Esa misma noche, dentro del apartamento, Ramírez mató a su compañera de piso, Dayle Okazaki, de 34 años. Horas más tarde abordó a Tsai-Lian Yu, de 30, la sacó a rastras de su coche en Monterey Park y la mató a tiros en plena calle.

27 de marzo. La pareja Vincent y Maxine Zazzara, de 64 y 44 años, fue atacada en su casa de Whittier. Ramírez disparó al marido mientras dormía y después se ensañó con ella. Fue en este caso donde apareció por primera vez una de las marcas más perturbadoras de su firma criminal: le arrancó los ojos a Maxine Zazzara y se los llevó.

14 de abril. William Doi, de 66, muerto a tiros. Su esposa Lillie, sobreviviente tras una agresión brutal.

30 de mayo. Agresión sexual a Carol Kyle, en presencia de su hijo de once años.

A lo largo de junio y julio el ritmo se aceleró hasta ser casi semanal: Patty Higgins (27 de junio), Mary Louise Cannon (2 de julio), Whitney Bennett sobreviviente milagrosamente (5 de julio), Joyce Lucille Nelson y Sophie Dickman (7 de julio), Max y Leila Kneiding y la familia Khovananth (20 de julio), Christopher y Virginia Peterson sobrevivientes (5 de agosto), Elyas Abowath y su esposa Sakina (9 de agosto).

El patrón se había vuelto reconocible: entrada nocturna por una ventana, ejecución a tiros del hombre adulto, agresión sexual a la mujer, robo de objetos personales y, en varios escenarios, símbolos satánicos dibujados con pintalabios o sangre: pentagramas en las paredes, en el muslo de una víctima, en el armario. En algún caso obligó a las supervivientes a “jurar por Satán” antes de marcharse.

La prensa empezó llamándolo el “Valley Intruder”. Cuando los ataques saltaron a San Francisco, donde mató a Peter Pan y agredió a su esposa Barbara el 17 de agosto, se rebautizó definitivamente al asesino como “The Night Stalker” - El acechador nocturno.

El error que lo delató

La noche del 24 de agosto de 1985, Ramírez se desplazó a Mission Viejo, en el condado de Orange, casi cien kilómetros al sur del centro de Los Ángeles. Atacó a la pareja formada por William Carns e Inez Erickson. Disparó a Carns tres veces en la cabeza -sobrevivió con secuelas permanentes- y agredió sexualmente a Erickson. Antes de marcharse, le dijo que dijera a la policía que el responsable era “el Night Stalker”.

Fue su error. Erickson, antes del ataque, había visto a través de la ventana el coche con el que Ramírez se acercó al barrio: un Toyota anaranjado. Un adolescente del vecindario, James Romero, también lo había visto y había anotado mentalmente parte de la matrícula. Los datos coincidieron. Cuatro días más tarde, el vehículo apareció abandonado en Los Ángeles. Dentro había una huella dactilar perfecta.

El recién estrenado sistema AFIS del Departamento de Justicia de California -en funcionamiento desde hacía solo unos meses- devolvió un nombre: Richard Leyva Ramirez, antecedentes por robo, fecha de nacimiento 28-02-1960.

El 30 de agosto, el jefe de policía de Los Ángeles, Daryl Gates, anunció el nombre en rueda de prensa y la fotografía policial de Ramírez salió en las portadas de todos los diarios de California esa noche y a la mañana siguiente.

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Linchamiento en East LA

Ramírez, que había estado fuera de la ciudad esos días, regresó en autobús a Los Ángeles el 31 de agosto sin saber que era el hombre más buscado del estado. Entró en una tienda de la avenida Towne, en East LA, a comprar un refresco. Vio su propia cara en la portada del periódico expuesto junto a la caja. Vio cómo la cajera, una mujer mexicana, lo miraba, miraba la foto y volvía a mirarlo.

Echó a correr.

Lo que pasó a continuación fue retransmitido en directo por los noticiarios locales en cuanto llegaron las cámaras. Ramírez intentó robar un coche, después otro. Una mujer lo identificó a gritos en español. Su marido salió con una barra de metal. Otros vecinos se sumaron a la persecución a pie por varias manzanas. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Ramírez en el suelo, ensangrentado, suplicando ser detenido. Su confesión salió casi de inmediato: “Sí, soy yo, soy el Night Stalker”.

La detención del 31 de agosto de 1985 es probablemente el caso más famoso de justicia popular en la historia criminal de Estados Unidos: un asesino en serie cazado, literalmente, por sus vecinos.

El juicio más largo y caro de la historia californiana

Ramírez fue acusado de 14 cargos de asesinato y 31 delitos adicionales. Retractó su confesión, alegando un error de identificación. Cambió de abogado varias veces. La dispersión geográfica de los crímenes -repartidos entre los condados de Los Ángeles, Orange y San Francisco- obligó a complejas negociaciones de competencia, y varios cargos fueron retirados para concentrar el proceso en Los Ángeles.

La selección del jurado comenzó el 22 de julio de 1988, casi tres años después del arresto. La fase oral se prolongó otro año entero. Durante el proceso, Ramírez se convirtió, para inquietud y morbo del país, en una figura de culto: decenas de mujeres acudían diariamente a la sala vestidas de negro, le enviaban cartas de amor a prisión y proclamaban su inocencia. El propio acusado contribuía al espectáculo levantando la mano con un pentagrama dibujado en la palma y gritando “¡Hail Satan!” ante las cámaras.

El 14 de agosto de 1989, en plena deliberación, una de las miembros del jurado, Phyllis Singletary, apareció asesinada en su apartamento. La defensa intentó forzar la nulidad. Se determinó que el responsable había sido su pareja sentimental, James Melton, que se suicidó días después, y que el caso no tenía relación alguna con Ramírez. El juicio continuó.

El 20 de septiembre de 1989, tras 22 días de deliberación, el jurado lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato, 5 de tentativa de asesinato, 11 de agresión sexual y 14 de allanamiento con robo. El 7 de noviembre fue condenado a 19 penas de muerte. Su comentario ante el tribunal pasó a la historia del cinismo criminal:

“No es para tanto. La muerte forma parte del negocio. Nos veremos en Disneylandia.”

El proceso, con un coste estimado de 1,8 millones de dólares de la época, fue durante años el juicio criminal más caro celebrado en California.

San Quentin: la novia, el pentagrama y el cáncer

Trasladado al corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin, Ramírez recibió durante años un volumen extraordinario de correspondencia femenina. La más persistente de sus admiradoras fue Doreen Lioy, editora de una revista de espectáculos que le había escrito por primera vez en 1985. Lioy se presentó como creyente firme de su inocencia. En 1988, durante el juicio, Ramírez le propuso matrimonio. La boda se celebró el 3 de octubre de 1996 en la sala principal de visitas de San Quentin. No hubo derecho a visitas conyugales -los condenados a muerte en California no lo tienen- y, según declaraciones posteriores de la propia Lioy a la prensa, el matrimonio nunca se consumó. Lioy se distanciaría de él años después, cuando una nueva prueba de ADN confirmó que Ramírez también había sido el responsable del asesinato de una niña de nueve años, Mei Leung, cometido en San Francisco en abril de 1984 - anterior, incluso, al de Jennie Vincow.

Las apelaciones se prolongaron durante más de dos décadas. El sistema judicial californiano, con su ritmo lentísimo en materia capital, llevaba a Ramírez a un escenario probable de muerte natural antes que ejecución. Y eso fue, en efecto, lo que ocurrió.

El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió en el centro médico de la prisión a los 53 años, oficialmente por complicaciones derivadas de un linfoma de células B asociado a una insuficiencia hepática crónica vinculada al abuso de drogas. Llevaba 23 años en el corredor de la muerte. Ninguna de sus 19 sentencias capitales llegó a ejecutarse.

Por qué Ramírez sigue importando

Cuarenta años después de su captura, el caso del Night Stalker sigue siendo un punto de referencia obligado por varias razones.

En primer lugar, marcó un hito tecnológico: fue el primer caso de gran repercusión resuelto gracias al sistema AFIS de identificación automática de huellas dactilares en Estados Unidos. La huella encontrada en el Toyota robado entró en una base de datos puesta en marcha solo unos meses antes; sin esa base, Ramírez probablemente habría seguido matando.

En segundo lugar, el caso normalizó la idea -tan presente hoy en el periodismo criminal- de que la presión mediática puede acelerar la resolución de un caso. La publicación masiva de la foto policial el 30 de agosto fue lo que precipitó el reconocimiento del acusado por sus propios vecinos al día siguiente. Antes de Ramírez, exponer así a un sospechoso era una decisión policial controvertida; después, se volvió rutinaria.

En tercer lugar, Ramírez consolidó un perfil criminológico que se estudia en las academias de policía: el asesino itinerante, oportunista y sin patrón geográfico claro, que selecciona víctimas por accesibilidad -ventana abierta, planta baja, casas aisladas- y no por afinidad demográfica. Sus víctimas tenían entre 9 y 83 años; eran de origen blanco, latino, asiático, mexicano; mujeres y hombres. Ese carácter “ciego” del patrón fue lo que durante meses despistó a los equipos de investigación, acostumbrados a buscar coherencia.

Y, en cuarto lugar, Ramírez forzó una conversación incómoda sobre la fascinación pública por los asesinos. Las cartas de amor, las admiradoras vestidas de negro, la boda en prisión, la entrada del caso en el imaginario pop -del que series como American Horror Story o Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer (2021) son herederas directas- han hecho del Night Stalker un caso de estudio también para sociólogos de la cultura.

Pero detrás del fenómeno mediático quedan los nombres. Jennie Vincow. Mei Leung. Dayle Okazaki. Tsai-Lian Yu. Vincent y Maxine Zazzara. William Doi. Patty Higgins. Mary Louise Cannon. Joyce Lucille Nelson. Max y Leila Kneiding. Chainarong Khovananth. Elyas Abowath. Peter Pan. Catorce personas identificadas con nombre y apellidos cuyo asesinato sigue figurando, ya sin posibilidad de revisión judicial, en los archivos de tres condados californianos.

El último de esos casos -el de la niña Mei Leung, atribuido por ADN en 2009- recordó que, también con Ramírez, lo que parece un caso cerrado puede tardar décadas en terminarse de cerrar.

🎙️ Ya disponible el segundo episodio: Richard Ramirez, el “Night Stalker”

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Fuentes principales: sumarios People of the State of California v. Richard Ramirez; archivos del LAPD y del Departamento del Sheriff de Los Ángeles; expediente AFIS California (1985); cobertura contemporánea de Los Angeles Times, San Francisco Chronicle y Herald Examiner; Philip Carlo, The Night Stalker: The Life and Crimes of Richard Ramirez (1996); declaraciones públicas y entrevistas a los detectives Frank Salerno y Gil Carrillo; documental Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer (Netflix, 2021).

Ted Bundy: el rostro del monstruo

Publicado en Casoabierto · Ficha criminal · Estados Unidos, 1974-1989

En abril de 2026, las autoridades de Utah anunciaron que la genealogía genética había permitido confirmar, con casi medio siglo de retraso, la autoría del asesinato de Laura Aime, una adolescente de 17 años desaparecida la noche de Halloween de 1974 en Lehi. El responsable llevaba más de tres décadas muerto. Se llamaba Theodore Robert Bundy, pero el mundo lo conoció simplemente como Ted.

El cierre formal de un caso de 1974 mediante técnicas de 2026 dice algo importante sobre Bundy: ningún criminal estadounidense del siglo XX dejó un rastro tan largo, tan extendido geográficamente y tan resistente al paso del tiempo. Esta es su historia.

Un estudiante modelo con una doble vida

Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. A primera vista, su biografía era la de un joven prometedor de clase media estadounidense: estudios de psicología en la Universidad de Washington, voluntario en una línea telefónica de crisis en Seattle, miembro activo del Partido Republicano local, novio estable de una mujer llamada Elizabeth Kloepfer.

Lo que nadie sospechaba —ni sus profesores, ni su pareja, ni la compañera de turno en la línea de crisis, una tal Ann Rule que años después le dedicaría el libro The Stranger Beside Me— era que entre enero de 1974 y febrero de 1978 ese mismo joven secuestró, violó y asesinó a un mínimo de treinta mujeres jóvenes en seis estados: Washington, Oregón, Utah, Idaho, Colorado y Florida.

Treinta es la cifra que el propio Bundy reconoció en sus confesiones de enero de 1989, en las horas previas a su ejecución. Los investigadores manejan un número superior a 36 víctimas documentadas, y el detective Bob Keppel, que lo interrogó durante años, sostuvo que Bundy llegó a insinuar un total cercano al centenar.

Los crímenes por estados (1974-1978)

Washington: el cazadero universitario

La oleada comienza el 1 de febrero de 1974 con la desaparición de Lynda Ann Healy, estudiante de 21 años, del distrito universitario de Seattle. La siguen, a un ritmo casi mensual, Donna Manson (Evergreen State College, marzo), Susan Rancourt (Ellensburg, abril), Brenda Ball (Burien, junio) y Georgann Hawkins (campus de la UW, junio).

El punto de inflexión llega el 14 de julio de 1974 en el Lago Sammamish. En un parque estatal abarrotado, a plena luz del día, un hombre con el brazo en cabestrillo aborda a varias mujeres pidiéndoles ayuda para subir una vela al techo de su Volkswagen Beetle. Se presenta como “Ted”. Esa tarde desaparecen Janice Ott y Denise Naslund, con apenas cuatro horas de diferencia. Por primera vez hay descripciones físicas, un nombre de pila y un coche concreto.

Los restos de cinco de estas mujeres aparecerán meses después en Taylor Mountain. Los de Ott y Naslund, en Issaquah.

Oregón y Utah: el patrón se extiende

En mayo de 1974 desaparece Kathy Parks en la Universidad Estatal de Oregón. A finales de ese verano Bundy se traslada a Salt Lake City para estudiar Derecho, y la lista crece: Nancy Wilcox (octubre), Melissa Smith —hija del jefe de policía de Midvale—, Laura Aime y Debby Kent.

El mismo 8 de noviembre de 1974 en que Kent desaparece del parking de su instituto, una joven llamada Carol DaRonch logra escapar de un hombre que se hace pasar por policía en un centro comercial de Murray. DaRonch sobrevive, recuerda la matrícula y, sobre todo, recuerda la cara. Su testimonio será decisivo.

Colorado e Idaho

A principios de 1975 Bundy traslada su zona de caza a las estaciones de esquí de Colorado. Cae Caryn Campbell en Snowmass, Julie Cunningham en Vail, Denise Oliverson en Grand Junction, Susan Curtis en el campus de BYU. En Idaho, en mayo de 1975, desaparece Lynette Culver: tenía 12 años.

El modus operandi

El patrón se repite con una precisión casi industrial:

• Un Volkswagen Beetle con el asiento del copiloto retirado para facilitar el transporte de cuerpos.

• Una artimaña de vulnerabilidad: brazo en cabestrillo, muletas, escayola falsa. En el caso DaRonch, una placa de policía falsificada.

• Un kit de herramientas guardado en el maletero: palanca, máscara de esquí, otra máscara hecha con una media recortada en los ojos, cuerda, picahielos, linterna, guantes, bolsas de basura y esposas.

• Golpe inicial con objeto contundente, traslado al vehículo, agresión sexual y estrangulamiento.

• Visitas posteriores a los lugares donde abandonaba los cuerpos.

Era un cazador organizado, paciente y altamente móvil. Y, a diferencia de la mayoría de asesinos en serie, era atractivo, articulado y socialmente integrado. Esa fue durante años su mejor coartada.

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La primera detención: 16 de agosto de 1975

A las 2:30 de la madrugada, el sargento Bob Hayward de la Patrulla de Carreteras de Utah persigue a un Volkswagen Beetle de color canela en Granger. Cuando para el coche, encuentra en su interior el kit completo. Bundy es arrestado por evadir a la policía.

Carol DaRonch lo identifica en una rueda de reconocimiento. El 1 de marzo de 1976 es condenado por secuestro a entre uno y quince años en la Prisión Estatal de Utah. Es la primera vez que el sistema le pone nombre y rostro al “Ted” del Lago Sammamish.

Las dos fugas

Colorado reclama a Bundy en octubre de 1976 para juzgarlo por el asesinato de Caryn Campbell. Trasladado al Palacio de Justicia del condado de Pitkin, en Aspen, decide ejercer su propia defensa. Eso le da acceso a la biblioteca jurídica.

Primera fuga, 7 de junio de 1977. Durante un descanso en la biblioteca, Bundy abre una ventana de la segunda planta y salta. Pasa seis días en las montañas antes de ser recapturado.

Segunda fuga, 30-31 de diciembre de 1977. Trasladado a la cárcel del condado de Garfield, en Glenwood Springs, Bundy adelgaza deliberadamente durante semanas y sierra con una hoja de sierra un panel del techo de su celda. Se desliza por el techo falso, cae en el apartamento vacío del jefe de carceleros, se viste con ropa de calle y sale por la puerta principal. La fuga no se detecta hasta diecisiete horas después.

Para entonces ya ha cogido un autobús a Denver, un avión a Chicago, un tren a Ann Arbor, otro autobús a Atlanta y otro más a Tallahassee, Florida. Llega el 7 de enero de 1978.

Florida: las últimas víctimas

Una semana después de instalarse en Tallahassee, en la madrugada del 15 de enero de 1978, Bundy entra en la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Mata a Margaret Bowman y a Lisa Levy, y deja gravemente heridas a Kathy Kleiner y Karen Chandler. Esa misma noche ataca a Cheryl Thomas en una casa cercana de Dunwoody Street. Thomas sobrevive.

Tres semanas más tarde, el 9 de febrero, secuestra a Kimberly Diane Leach, de 12 años, del instituto Lake City Junior High. Su cuerpo aparecerá el 7 de abril en el Parque Estatal del Río Suwannee.

El 15 de febrero de 1978, el oficial David Lee detiene en Pensacola un Volkswagen robado. El conductor dice llamarse “Ken Misner”. Veinticuatro horas después, las huellas dactilares revelan a Bundy. Esta vez no escapará.

Los juicios: la silla eléctrica al alcance de la cámara

El juicio Chi Omega se celebra en Miami entre junio y julio de 1979, presidido por el juez Edward Cowart. Es el primer juicio criminal retransmitido en directo a nivel nacional en la historia de Estados Unidos. Bundy ejerce de nuevo su propia defensa, asistido por cinco abogados de oficio en calidad consultiva.

La prueba decisiva es odontológica: el doctor Richard Souviron demuestra que las marcas de mordida halladas en el cuerpo de Lisa Levy coinciden con la dentadura de Bundy. El 24 de julio de 1979 es declarado culpable de dos asesinatos en primer grado, tres tentativas y dos robos con allanamiento. Una semana después, pena de muerte.

En enero de 1980, en Orlando, se celebra el juicio por el asesinato de Kimberly Leach. Durante la vista, y aprovechando una particularidad del derecho de familia floridano, Bundy aprovecha el testimonio de Carole Ann Boone —amiga desde 1974 que se había mudado a Florida para apoyarlo— para pedirle matrimonio en pleno estrado. Un notario presente lo formaliza. El tribunal lo admite como matrimonio válido. La hija de ambos, Rose, nacerá en octubre de 1982. Boone se divorciaría de él en 1986.

El 7 de febrero de 1980, tercera condena a muerte.

Diez años en el corredor

El recluso número 069063 de la Prisión Estatal de Florida pasó casi una década esquivando la ejecución. En 1984 intentó una tercera fuga serrando los barrotes de su celda y disimulando los cortes con jabón; la “comprobación de barrotes” del 18 de julio lo descubrió. Dos sentencias de muerte se firmaron y se suspendieron a última hora, una de ellas apenas quince horas antes de la inyección, en marzo de 1986.

La última orden judicial llegó el 18 de noviembre de 1988 y no hubo aplazamiento. En los días finales, Bundy ofreció confesiones detalladas al detective Bob Keppel y al agente del FBI Bill Hagmaier, intentando canjear información por más tiempo. El 23 de enero de 1989 concedió una última entrevista al locutor evangélico James Dobson, en la que culpaba a la pornografía de sus actos.

A las 7:16 de la mañana del 24 de enero de 1989, en la silla eléctrica conocida como “Old Sparky”, el Estado de Florida lo ejecutó. Sus últimas palabras, dirigidas a su abogado Jim Coleman y al reverendo Fred Lawrence, fueron: “Dad mi amor a mi familia y a mis amigos”. Una multitud celebraba en el exterior del penal.

Por qué Bundy sigue importando

La confirmación por ADN del caso Aime, en abril de 2026, es solo la última de una serie de razones por las que el nombre de Ted Bundy continúa siendo una referencia obligada en cualquier conversación sobre criminología, psicología forense o justicia penal.

Bundy obligó a la policía estadounidense a reconocer la existencia del asesino en serie itinerante, capaz de operar simultáneamente en varias jurisdicciones sin coordinación entre ellas. Forzó la creación de bases de datos centralizadas (el VICAP del FBI tiene parte de su origen en este caso). Demostró que el carisma puede ser una herramienta de caza más eficaz que el anonimato. Y mostró, para alarma de generaciones de criminólogos, hasta qué punto un perfil socioeconómico “normal” puede convivir con una conducta absolutamente desviada.

Sus víctimas —Lynda, Donna, Susan, Brenda, Georgann, Janice, Denise, Kathy, Nancy, Melissa, Laura, Debby, Caryn, Julie, Denise, Susan, Lynette, Margaret, Lisa, Kimberly y todas las que probablemente nunca tendrán nombre— eran, en su mayoría, estudiantes universitarias o adolescentes. Mujeres jóvenes a las que se les robó la vida en la franja exacta en que empezaba a abrirse ante ellas.

Que en 2026 una de esas familias haya podido, por fin, cerrar oficialmente el caso de su hija recuerda algo esencial: en criminología no existen los casos prescritos. Solo casos abiertos, y casos pendientes.

Fuentes principales: Sumarios judiciales State of Florida v. Theodore Robert Bundy (Chi Omega, 1979; Kimberly Leach, 1980); archivo desclasificado del FBI; cintas de confesión Bundy-Keppel (Washington State Archives); entrevistas Bundy-Hagmaier; Ann Rule, The Stranger Beside Me (1980); Stephen Michaud y Hugh Aynesworth, The Only Living Witness (1983) y Conversations with a Killer (1989); Bob Keppel, The Riverman (1995); Polly Nelson, Defending the Devil (1994); Elizabeth Kendall, The Phantom Prince (1981).

🎙️ Ya disponible el primer episodio: Ted Bundy - El rostro del monstruo.

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